Noticias Jurídicas

14/01/2021

Gran oportunidad para empresas innovadoras y centros de investigación

Inyección de fondos europeos para la colaboración público-privada en Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).


El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020 acordó la puesta en marcha del llamado Instrumento Europeo de Recuperación (IER), basado en tres pilares:

1.- La adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis.

2.- La adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades.

3.- El refuerzo de los programas clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital.

El IER abre una oportunidad extraordinaria para nuestro país porque, para el periodo 2021-2026, va a destinar unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos.

El pasado 7 de octubre de 2020 se publicó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que permitirá a España, conforme a las directrices de la Unión Europea, acogerse a la financiación de los diferentes mecanismos del IER.

Por este motivo, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, ha aprobado medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En el Capítulo III del Título II se regula una nueva figura de colaboración público privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Este tipo de proyectos han de de tener un marcado carácter estratégico, suponiendo un importante potencial de arrastre para el resto de la economía, motivo por el que se requiere la colaboración entre Administraciones, empresas y centros de investigación: ingeniería, informática, tecnología, robótica, química, biología, medicina, ciencias medio ambientales, sociales, jurídicas, económicas… en suma, cualquiera que sea capaz de generar sinergias y aportar conocimiento e innovación en este tipo de proyectos para conseguir la recuperación económica, la creación de empleo y el crecimiento sostenible del tejido productivo innovador.

¿Qué criterios se valorarán para declarar a un proyecto como PERTE?

Se tendrán, en cuenta, entre otros, los siguientes:

a) Que represente una importante contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la competitividad de la industria y la economía española, habida cuenta de sus efectos de arrastre positivos en el mercado interior y la sociedad.

b) Que permita combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros y actores económicos, con el fin de remediar importantes deficiencias del mercado o sistémicas y retos sociales a los que no se podría hacer frente de otra manera.

c) Que tenga un importante carácter innovador o aporte un importante valor añadido en términos de I+D+i, por ejemplo, posibilitando el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos de producción.

d) Que sea importante cuantitativa o cualitativamente, con un tamaño o un alcance particularmente grandes, o que suponga un nivel de riesgo tecnológico o financiero muy elevado.

e) Que favorezca la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de entornos colaborativos.

f) Que, en su caso, contribuya de forma concreta, clara e identificable a uno o más objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, en particular en lo que se refiere a los objetivos marcados a nivel europeo en relación con el Instrumento Europeo de Recuperación.

La declaración de un proyecto como PERTE se realizará por Acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio competente por razón de la materia, acompañada de una memoria explicativa en la que se describirá la planificación de medidas de apoyo y colaboración público-privada proyectadas y los requisitos para la identificación de los posibles interesados. En su caso, se describirá su encaje dentro del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de la Economía Española.

Para poder participar en un PERTE será necesario inscribirse como entidad acreditada en el Registro estatal de entidades interesadas en los PERTE, que se creará antes de final del próximo mes de marzo, y que dependerá del Ministerio de Hacienda, incluyendo todas las entidades vinculadas al desarrollo de un PERTE, independientemente de su naturaleza jurídica pública o privada y de su forma de constitución. Asimismo, la inscripción en este registro podrá ser considerada como requisito necesario para ser beneficiario de ayudas públicas.

Está previsto que para antes de final del próximo mes de febrero se ponga en marcha un portal web único del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (“ventanilla única”) que centralice y distribuya la información a todos los interesados, y que contará con un servicio de atención a las personas o entidades interesadas en participar en las convocatorias derivadas del PERTE, dentro del marco legal previsto por cada departamento responsable de la gestión de las mismas.

El Real Decreto-ley 36/2020 incluye medidas tendentes a facilitar la colaboración público privada permitiendo, por ejemplo, que las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad puedan ser beneficiarias de subvenciones formalizando entre ellas un acuerdo de agrupación simple. Asimismo, se permite que sea la Comisión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previo informe favorable del Comité Técnico, quien autorice la creación de consorcios públicos en lugar de requerir de una autorización legal. Y se facilita la ejecución de determinados contratos de concesión de obras o servicios mediante su adjudicación a sociedades de economía mixta con capital mayoritariamente público, contando con la elección del socio privado mediante los mecanismos establecido en las leyes bajo el principio de libre concurrencia.

Otro tipo de medidas inciden directamente sobre la actividad administrativa, persiguiéndose la agilización y simplificación administrativa en la tramitación de los convenios de este carácter. Por otro lado, para agilizar la contratación pública financiada con los fondos percibidos del plan de recuperación, se impone la tramitación urgente, de manera que se agiliza el procedimiento y se reducen plazos. Con el mismo fin, se elevan los umbrales económicos para recurrir a los procedimientos abiertos simplificados, ordinario y abreviado, de modo que resulten aplicables a un mayor número de contratos. Se reduce el plazo de emisión de determinados informes  así como del plazo para impugnar mediante recurso especial la resolución de adjudicación. También se promueve la elaboración de pliegos-tipo de cláusulas técnicas y administrativas, incorporando todos los criterios verdes, digitales, de innovación, de potenciación de pymes y de responsabilidad social. Por último, cabe destacar la introducción de especialidades en materia de gestión de subvenciones.Así, por ejemplo, se establece que las convocatorias de las subvenciones relacionadas con el uso de estos fondos incorporen la regulación de las bases de concesión de las mismas, simplificando los requisitos internos para su aprobación, así como la documentación a presentar por los posibles beneficiarios.Se simplifica la documentación que tienen que presentar los beneficiarios de las subvenciones para justificar la aplicación de las mismas. E incluso se prevé la posibilidad de otorgar subvenciones de concurrencia no competitiva, con cargo al Fondo de Recuperación, para aquellas subvenciones cuyo objeto sea financiar actuaciones o situaciones concretas que no requieran de valoración comparativa con otras propuestas.


En la ciudad de Granada (Andalucía, España) es perfectamente factible esta alianza estratégica entre empresas de innovación, startups, centros y grupos de investigación y una de las Universidades de mayor excelencia y prestigio internacional. Es el momento de sumar equipos multidisciplinares con esos grupos de investigación y alinear en muchas de sus áreas a los propósitos de los PERTE.

HispaColex Bufete Jurídico, es la firma jurídica granadina que presta servicios de consultoría societaria-normativa al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) en el proyecto científico empresarial más importante en la historia de nuestra provincia: la fase preparatoria del proyecto DONES (acelerador de partículas), habiéndose constituido un consorcio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Andalucía para coordinar las actividades del proceso de la candidatura española a albergar la fuente de neutrones IFMIF-DONES en el Parque Metropolitano de Escúzar.

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