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Juan Antonio Xiol Ríos. Presidente de la Sala 1a del Tribunal Supremo de Justicia
«Debe hacerse una reorganización profunda de la justicia»
Ingresó por oposición en la Carrera judicial en 1971. Desempeñó el cargo de Juez de Primera Instancia e Instrucción, sucesivamente, en Cervera (Lérida), Terrassa y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). En 1976, por oposición, obtuvo el título de Magistrado especialista en lo Contencioso-administrativo, cargo que ejerció en las Salas de Bilbao y de Barcelona. En 1978 fue designado Magistrado adjunto al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. En 1982, también por oposición, obtuvo plaza como Letrado del Tribunal Constitucional, sin perder sus derechos en la Carrera judicial. Fue Secretario General del Tribunal Constitucional desde 1982 hasta 1986, año en que pasó a ser Director General de Relaciones con la Administración de Justicia (Ministerio de Justicia). En 1987 fue nombrado Magistrado del Tribunal Supremo, como Magistrado especialista de la Sala de lo Contencioso-administrativo. En 1990 fue designado por el Senado Vocal del Consejo General del Poder Judicial. Fue Presidente de la Comisión de Estudios e Informes. En 1996, por renuncia al cargo de Vocal del Consejo General del Poder Judicial, se reincorporó al Tribunal Supremo, desempeñando la función de Magistrado de su Sala Tercera. En julio de 2005 fue nombrado Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, cargo que ejerce en la actualidad. Es miembro de la Comisión General de Codificación. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Premio Pelayo para Juristas de reconocido prestigio XV edición, año 2009. Ha participado en numerosas conferencias sobre temas jurídicos, así como en la elaboración de artículos y libros diversos. Ha sido Presidente de la Junta Electoral Central.
¿El juez nace o se hace?
Habría que diferenciar entre la voluntad de servir a sus conciudadanos siendo juez, que cada persona puede tener en mayor o menor medida, y la formación y la experiencia en la labor judicial que, a lo largo de los años, va conformando a cada juez.
En mi caso personal, mi deseo de ser juez surgió por experiencias familiares (pertenezco a una familia de abogados en la que hubo también algún juez) y por la influencia de mis primeros maestros en Derecho, por lo que puede decirse que ‘nací’ juez. Pero también me he ido ‘haciendo’ juez a lo largo de mi carrera, desde que me incorporé a mi primer destino en Cervera (Lleida), cambiando mi forma de trabajar en la Justicia a medida que he ido desempeñando diversos puestos judiciales.
¿Qué le supone tanto personalmente como profesionalmente ocupar la presidencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de Justicia?
Creo que ambos aspectos están íntimamente unidos. Ocupar el puesto más relevante de la jurisdicción civil española es un reto y una satisfacción. Un reto porque nos encontramos en una etapa de consolidación de la puesta al día de la Sala Primera, después de un histórico retraso; y una satisfacción porque, gracias al trabajo y al apoyo de todos los que trabajan en la Sala (tanto los Magistrados como los Secretarios Judiciales y el personal de las Secretarías, sin olvidar el irreemplazable apoyo que presta el Gabinete Técnico), y al apoyo económico que nos ha ofrecido el Gobierno para estructurar nuestros medios de asistencia, estamos consiguiendo el objetivo final de que en el plazo de un año se resuelvan los recursos que accedan a la Sala. En el terreno más personal, estar en la Sala Primera después de pasar por otras jurisdicciones es para mí un sueño: enlazar el fi n de mi carrera con mis comienzos como juez de Primera Instancia, en la jurisdicción que siento como más próxima a los problemas diarios de mis conciudadanos.
¿Considera necesario añadir algún tipo de asignatura o materia a la carrera de derecho para que el profesional se encuentre mejor preparado para el ejercicio de cualquier profesión jurídica en la actualidad?
Aunque no tengo muchos elementos de juicio para responder a esta pregunta, pues no me dedico al mundo universitario, sí que creo que debería prestarse más atención al aspecto práctico de las asignaturas, sobre todo a las imprescindibles para ejercer después la labor profesional como jurista. Pero parece que este problema ya se está intentando resolver con las modificaciones que se proyectan en la enseñanza universitaria y también va a ayudar a ello la Ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador.
Siempre se critica por la sociedad que la Administración de Justicia no es cercana a la ciudadanía, ¿Qué le hace falta a la Justicia para estar más cerca del pueblo?
Hay que distinguir entre el Poder Judicial, que es el que se ejerce diariamente por cada juez o magistrado al resolver los asuntos de que conoce, y el gobierno del Poder Judicial, que corresponde al Consejo General del Poder Judicial pero que no es el titular del Poder Judicial.
Por eso, si por “Justicia” se entiende lo segundo, corresponde al Consejo transmitir a la sociedad un mensaje de cercanía y preocupación por dotar de los mejores y más eficaces medios a los jueces y magistrados para mejorar su trabajo y rendimiento y creo que el nuevo Consejo se ha afanado mucho en este tema y está intentando ponerle solución.
En cuanto a la visión que los ciudadanos concretos tienen de los órganos judiciales que resuelven sus particulares asuntos, eso depende de cada caso, pero creo que hemos avanzado mucho desde la transición a la democracia y que actualmente nadie puede decir que la Justicia y sus servidores no sean parte del pueblo. Probablemente sólo nos resta resolver una cuestión: la de motivar, es decir, justificar nuestras decisiones de forma sencilla y comprensible para todos y demostrar con ello que la aplicación que hacemos de la ley no es ciega, sino la que conviene a la sociedad para mantener los principios de convivencia propios del Estado de Derecho.
¿Qué medida se podría adoptar para agilizar los trámites judiciales y qué reforma considera más urgente en la Administración de Justicia?
Siempre he pensado que se ha producido un agotamiento del modelo judicial y que debe hacerse una reorganización profunda de la Justicia. Y eso, además, lo demanda la sociedad.
Llevo más de 36 años trabajando en este ámbito y siempre he visto los mismos defectos, que hasta ahora han sido tolerados por la sociedad. Por eso nos hemos acostumbrado a hablar de una reforma de la Justicia siempre aplazada, aunque ahora es distinto porque estoy convencido de que las generaciones más jóvenes de juristas la llevarán por fin a cabo.
Por ejemplo, debe superarse el trabajo por compartimentos estancos, sobre todo en la primera instancia, y los tribunales deben organizarse de manera adecuada para su eficacia. Espero que las recientes reformas procesales para la implantación de la oficina judicial, que entrarán en vigor en mayo, puedan dar la repuesta que se demanda. Pero queda mucho camino por recorrer en el terreno de la organización, de la selección y formación de los jueces y en el terreno de la adaptación de Justicia a las nuevas tecnologías. La Justicia se juega con esto su subsistencia, que es tanto como decir que la sociedad se juega el mantenimiento de sus principios.
La intervención de los llamados “jueces estrella”, ¿Favorece o perjudica a la imagen de la Justicia en España?
No me gusta poner calificativos a los jueces, porque eso daña la imagen del Poder Judicial, que, como dije antes, lo ejercen todos los jueces al poner sus resoluciones. Por tanto, no creo que haya ‘jueces estrella’ y ‘jueces opacos’, sino asuntos que se tramitan en los juzgados con mayor o menor repercusión en los medios de comunicación. Por otra parte, si un juez incurre en algún tipo de responsabilidad, el Consejo General del Poder Judicial o los propios Tribunales de Justicia, según el tipo de responsabilidad que sea, actúan aplicando la ley. En ese sentido, los ciudadanos deben tener la convicción de que los integrantes del Poder Judicial no son una casta intocable sino que están sujetos a controles y pueden ser castigados cuando cometan infracciones disciplinarias o delitos en el ejercicio de su función.
¿Qué tipo de asuntos son los que más trata la Sala Primera del TS en la actualidad y cuál ha sido el que, según su opinión, más directamente afecta a la sociedad en general, de los resueltos en los últimos tiempos?
No podría indicar algún tipo de asunto concreto que sea más repetido. Vemos muchos recursos en materia de arrendamientos, propiedad horizontal, contratos en general, derecho de familia, protección de derechos fundamentales (sobre todo el derecho al honor), derechos reales, sucesiones o responsabilidad civil, por citar algunos. También existen muchos recursos sobre materia mercantil, como, por ejemplo, asuntos sobre propiedad industrial o sociedades. Pero tampoco pueden olvidarse las materias procesales que acceden a la Sala a través del recurso extraordinario por infracción procesal.
La Sala Primera se reúne en pleno con frecuencia para resolver determinados asuntos que necesitan de una respuesta conjunta de toda la Sala. Así, recientemente hemos resuelto en pleno materias tales como la igualdad entre el hombre y la mujer en la sucesión de títulos nobiliarios, la inclusión en registros de morosos como atentado contra el derecho al honor, la consideración de determinados reportajes televisivos con cámara oculta como contrarios al derecho a la propia imagen, la inclusión del IBI como concepto asimilado a renta a efectos del desahucio por falta de pago, o la responsabilidad de las mayoristas y de las agencias de viajes por un accidente de circulación ocurrido durante un viaje combinado, aunque dejo de citar otras muchas materias.
Se ha publicado que el Gobierno va a realizar una reforma por la que en reclamaciones inferiores a 6.000 euros, sea necesaria la intervención de un mediador, ¿Ve oportuna esta reforma? ¿Ayudaría esta figura del mediador para agilizar la Justicia?
Parece que se quiere configurar un instrumento muy sencillo para resolver conflictos civiles y mercantiles mediante un acuerdo al que se otorgaría la misma eficacia que a una sentencia, con la idea de reducir la carga de trabajo de los órganos judiciales al permitir a los ciudadanos solucionar sus diferencias sin necesidad de acudir al juez.
Esta medida me parece acertada y, en cierto modo, próxima a la figura del arbitraje privado, de la que ya tenemos una gran tradición en España. También en materia social existe el intento de conciliación previa obligatorio.
Creo que los abogados podrían desempeñar un magnífico papel como mediadores civiles debido a su demostrada capacidad, no sólo técnica, por sus conocimientos de Derecho, sino también humana, por el contacto frecuente con sus clientes.
En la actualidad y en plena crisis económica, ¿Considera ahora más necesario un asesoramiento previo? ¿Cree necesario avanzar hacia una abogacía preventiva que evite la litigiosidad en las empresas, o el abogado sólo debe estar para los pleitos?
Por mi experiencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional sé muy bien que, con frecuencia, los clientes acuden a lo s abogados cuando el asunto ya no tiene solución, lo que no sucedería si hubieran acudido antes al abogado. Por eso, el asesoramiento previo o, más aun, preventivo, es muy necesario, aunque hay que admitir que, muchas veces, no hay más solución que promover el pleito.
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