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Entrevista a Lorenzo del Rio Fernández. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Lorenzo del Rio Fernández, nacido en Jaén, casado y padre de tres hijos, inició su Carrera Judicial en 1980 y, tras prestar servicios en Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y las Palmas de Gran Canaria, fue destinado a Cádiz en 1983, donde ejerció como presidente de la Audiencia Provincial desde 1998 y desde 2010 es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Durante su trayectoria profesional ha formado parte de diversas comisiones de ámbito autonómico y estatal, como la Comisión de Cooperación y Coordinación de la Consejería de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; Comisión para la reforma de la Oficina Judicial; Comisión de Informática Judicial; Comisión de Modernización de Audiencias Provinciales; Comité Interprovincial de Presidentes de Audiencias Provinciales; Foro de Estudios sobre Carrera Judicial en el seno del CGPJ, Comisión Redactora para la elaboración de un Libro Blanco sobre la Justicia en Galicia; Coordinador Territorial del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial, entre otras. También forma parte del grupo de Consultores Internacionales, que colaboran con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en la formación de Jueces Hispanoamericanos, así como con la Fundación Aequitas en jornadas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Es miembro del Consejo Andaluz de Medicina Legal y Forense y ha sido profesor de Derecho Penal y Derecho Penitenciario en la Universidad de Cádiz, además de presidente del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y profesortutor de Jueces de Paz en Andalucía y de funcionarios de la Administración de Justicia.
¿Qué le supone, tanto personal como profesionalmente, ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía? ¿Esperaba su designación?
Los planos profesional y personal están muy unidos en este nuevo cargo. Me he comprometido a que todo el colectivo judicial participe de un proyecto común, basado en las relaciones fluidas con todos los profesionales y responsables de la Administración de justicia, a que Andalucía no quede rezagada en la pronta implantación de la oficina judicial y la nueva estructura organizativa de trabajo, así como consagrar el derecho a comunicarse por medios electrónicos, un gran reto para la Justicia andaluza que exige un cambio profundo en su régimen de actuación. Respecto a mi designación, siempre tuve claro que era complicada, difícil y compleja, debido a las grandes cualidades del resto de candidatos.
Siempre se critica por la sociedad que la Administración de Justicia no es cercana a la ciudadanía, ¿Qué le hace falta a la Justicia para estar más cerca del pueblo?
Hay que recordar que la justicia por sí sola no es suficiente y que, junto a la estricta aplicación del derecho, es necesario un sentido profundo de respeto y de servicio al ciudadano.
Debemos romper una imagen excesivamente corporativa y tender un puente entre los jueces, las instituciones y la ciudadanía, lo que debe impulsar a mejorar el trato, la atención y la información personalizada. Y, desde luego, no acostumbrarnos a la lentitud del proceso y a la respuestatardía, una realidad contra la que debemos luchar con los medios a nuestro alcance, aunque sean bastante deficientes.
¿Qué carencias ha podido apreciar en las sedes judiciales, tanto a nivel de infraestructuras, como de medios materiales y personales?
Aún reconociendo los importantes avances que se vienen produciendo en el ámbito territorial de este TSJA, todavía se observa un déficit de infraestructuras judiciales, producto del natural deterioro de edifi cios e instalaciones por el transcurso del tiempo, en unos casos, y del incompleto desarrollo del Plan de Infraestructuras, por otro. Las necesidades en infraestructuras más apremiantes y llamativas afectan a edificios judiciales dispersos e inadecuados, con costosos alquileres en paralelo y servicios duplicados, lo que incide en costes, calidad y servicio. Se necesitan nuevas “Ciudades de la Justicia”, edificios funcionales y operativos que permitan unificar sedes frente a la dispersión actual y no dificulten el despliegue de la nueva organización.
Por ejemplo, la propia Granada, donde se hace preciso trasladar todos los órganos unipersonales posibles al edificio de La Caleta, con plantas vacías e inutilizadas, lo que se compadece mal con la falta de espacio y dotaciones insuficientes que presentan servicios básicos como el Juzgado de guardia, Registro Civil, Decanato y Atención al Ciudadano y profesionales, etc., al tiempo que permitiría el traslado de las Secciones de la Audiencia Provincial al edificio judicial de Plaza Nueva, logrando así reunificar la Audiencia Provincial de Granada y mejorar la distribución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en la Real Chancillería.
Parecidas consideraciones pueden hacerse de Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz, entre otras, capitales con muchas sedes dispersas. Respecto al personal, también sería necesaria una mejor optimización de recursos humanos. Hay que avanzar en la correcta redistribución ante las actuales distorsiones: órganos con exceso de personal, ausencia absoluta de movilidad en el inmediato entorno laboral, alto número de interinos, ausencia de especialización, que deja en entredicho la eficaz gestión y control de la oficina judicial.
¿Cree que el proceso de adaptación de la Administración de Justicia a las nuevas tecnologías está aún por llegar?
No cabe duda de que es una asignatura pendiente en la Administración de Justicia, absolutamente necesaria e imprescindible para que se de el salto cualitativo hacia la modernidad. El expediente digital tiene que convertirse en una realidad, así como la transmisión telemática de comunicaciones. Entrar de lleno en la sociedad digital es la única manera de generar productividad y ahorro de tiempo. No sólo es una necesidad, tenemos también la obligación de consagrar el derecho a comunicarse por medios electrónicos en pleno siglo XXI.
¿Qué medida se podría adoptar para agilizar los trámites judiciales y qué reforma considera más urgente en la Administración de Justicia?
La puesta en marcha de la oficina judicial es un proceso que ya no tiene marcha atrás. Aunque hay mucho retraso, es necesario que comience a funcionar cuanto antes, si bien sugiero un proceso de gradual implantación, ya que las experiencias iniciales de otros territorios revelan claras distorsiones al implantar simultáneamente todos los Servicios Comunes Procesales. Además, hay que profundizar en la necesaria especialización jurisdiccional y comarcalización de ciertos Juzgados (por ejemplo, en Juzgados de Violencia contra la Mujer, Familia e Incapacidades).
Habría que plantearse también racionalizar el volumen de entrada de asuntos, evitar la multiplicidad y reiteración de recursos con simple ánimo dilatorio, prever una sola instancia de revisión judicial en ciertas materias y, en fin, evitar una sobreutilización del proceso, abusiva en ocasiones, generando mayores dosis de responsabilidad en todos los partícipes.
¿Realmente está politizado el Poder Judicial?
Quizá pueda darse esa imagen, que daña mucho al poder judicial y a la sociedad. Es cierto que los vocales del CGPJ son elegidos por el Parlamento, distribuyendo los puestos entre los distintos partidos, en proporción sólo a la fortaleza y división de fuerzas políticas existentes. Pero no debemos asumir ni transmitir el mensaje de politización del poder judicial. Prefiero quedarme con que los jueces son fundamentalmente jueces y obedecen a criterios de honestidad, lealtad, independencia y responsabilidad.
¿Qué Sala del TSJ está más colapsada? ¿Por qué? ¿Cree que influyó el “boom” inmobiliario?
Las Salas de lo Contencioso-Administrativo del TSJA son, sin duda, las más colapsadas. Sufren una pendencia ya casi secular (el número de asuntos pendientes de resolver en las tres Salas supera los 37.000, una cifra que nos debe hacer reaccionar), aunque los últimos años son más positivos y se resuelven más asuntos de los que se ingresan. En cualquier caso, los planes de refuerzo que se han puesto en marcha demuestran que es posible reducir esa bolsa de pendencia, siendo un ejemplo elocuente la Sala de Málaga.
El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente la remisión a las Corte Generales del Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal, destinado a agilizar y facilitar el funcionamiento de los tribunales civiles y contencioso-administrativos ¿Qué opinión le merece?
Se dice, y es cierto, que una justicia lenta no es justicia, por lo que, además de organizar mejor los medios que tenemos, no se puede asumir resignadamente un número en torno a los diez millones de asuntos en la geografía española (2.000.000 asuntos a nivel andaluz, el 20%) como una cifra inexorable imbricada en el ejercicio de la tutela judicial efectiva. Son imprescindibles reformas legislativas que generen instrumentos que reduzcan el indebido uso de la jurisdicción que se hace en España (reducir recursos innecesarios por cuestiones reiteradamente resueltas, suprimir trámites superfluos, unificación de actos procesales, etc.), sin que se deba enfrentar la racionalización de medios con la garantía de tutela judicial efectiva (intereses distintos, pero nunca incompatibles). Valoro positivamente el Anteproyecto de Ley de Agilización Procesal, aunque necesita correcciones y mejoras para que las iniciativas legislativas al respecto no frenen bruscamente la garantía de tutela efectiva; por ejemplo, se deben introducir criterios correctores para mitigar y permitir el acceso al recurso de resoluciones en base al interés casacional, de unificación de doctrina, o existencia de infracciones groseras.
Por lo mismo, dado que, en principio, sólo se incorporan determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil y contencioso administrativo, considero imprescindible también introducir reformas procesales en el orden jurisdiccional penal, sin esperar a una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; al contrario, hay que aprovechar la iniciativa legislativa en curso para un ámbito jurisdiccional especialmente sensible y con dilaciones palpables, que exige medidas efectivas y prontas, de fácil plasmación parlamentaria, como, por ejemplo, unificar el trámite de los recursos, del trámite del sumario y el procedimiento abreviado, incluso prever una sola instancia de revisión judicial en ciertas materias de escasa entidad o gravedad.
¿Estima oportuno que dicho Proyecto de Ley contemple la imposición de costas en los procedimientos contencioso-administrativos?
La imposición de costas siempre presenta dos vertientes: puede contribuir a reducir en parte la elevada litigiosidad, no sin perjuicio de la posible limitación de los derechos del administrado.
Se publicó que el Gobierno va a realizar una reforma por la que en reclamaciones inferiores a 6.000 euros, sea necesaria la intervención de un mediador, ¿Ve oportuna esta reforma? ¿Ayudaría esta figura del mediador para agilizar la Justicia?
En principio, soy favorable a la potenciación de la figura de los mediadores y acuerdos prejudiciales. Por lo mismo, nuestro país debe culminar, a la mayor brevedad, la puesta en práctica de medidas y programas de mediación dentro del proceso penal. En cuanto a la reforma concreta a que hace referencia la pregunta, no se trata de una fórmula nueva, ya existió una conciliación obligatoria en el ámbito civil. Es, sin duda positiva, siempre que la mediación sea efectiva y no termine siendo un mero trámite. Por otro lado, la reforma obedece en buena medida a la necesidad de armonizar nuestra legislación con la normativa comunitaria que contempla esa mediación obligatoria en determinados litigios.
¿Cree que sería necesario establecer la imposición de costas en los procedimientos laborales, a fin de evitar posibles abusos en el acceso a estos procedimientos?
El proceso laboral tiene por finalidad proporcionar una adecuada protección a los trabajadores y a los beneficiarios de la Seguridad Social. Desde ese punto de vista, la imposición de costas casa mal con la finalidad última del proceso, si bien el proyecto contempla la imposición de costas al litigante que no hubiere acudido a la conciliación o mediación previas ante el servicio administrativo correspondiente. Además, mantiene la posibilidad de imponer una sanción económica, a instancia de parte e incluso de oficio, al litigante que se considere que obró con mala fe o temeridad.
Al hilo de la pregunta anterior, ¿daría más competencias al CMAC a efectos de evitar la gran cantidad de procedimientos laborales que actualmente colapsan nuestros Juzgados?
Ya he comentado antes que soy favorable a la potenciación de la fi gura de los mediadores y de los acuerdos prejudiciales. En el orden social, tradicionalmente han existido mecanismos extrajudiciales de solución de los conflictos. En el momento actual, no tendría sentido no potenciarlos.
En la actualidad y en plena crisis económica, ¿Considera ahora más necesario un asesoramiento previo? ¿Cree necesario avanzar hacia una abogacía preventiva que evite la litigiosidad en las empresas, o el abogado sólo debe estar para los pleitos?
Hablaba anteriormente de mayores dosis de responsabilidad en todos los partícipes de cara a evitar situaciones de utilización abusiva o fraudulenta del proceso. Esa dosis de responsabilidad debe extenderse igualmente a la evitación del proceso en general, siempre que ello sea posible; en esa línea, el papel de los Abogados es fundamental, procurando llegar a acuerdos y orientando a las partes hacia soluciones consensuadas y extrajudiciales.
¿Qué acciones cree que serían necesarias acometer con urgencia para salir de la crisis?
En el ámbito de la justicia la salida de la crisis no puede estar desconectada de la situación económica general del país, por lo que deben ser los dirigentes políticos quienes determinen las prioridades y acciones necesarias. Yo, como Juez, debo intentar que la crisis deteriore, lo menos posible, la prestación del servicio público que prestamos, tarea que no es fácil porque económicamente dependemos del poder ejecutivo, sea central o autonómico.
¿Qué le parece Granada? ¿Es cierto eso de la “malafollá”?
Desde pequeño, cuando vivía en Jaén, Granada siempre era una referencia. Luego he estado muy relacionado con ella y en mi actual destino no he notado en absoluto esa mala fama de los granadinos, en muchos casos inventada, porque, al contrario, me han acogido con cariño y respeto.
¿El juez nace o se hace?
Es difícil ser magistrado sin tener una vocación específica, sin asumir ciertos valores, aunque no hay duda de que la tradición familiar también ha pesado. Mi padre me familiarizó desde pequeño con el trabajo que desarrolla día a día un juez, con la importancia de resolver problemas cotidianos de la gente e intentar ser justo, con la necesidad del “valor justicia” en las relaciones sociales. Por eso, creo que para ser un buen profesional tiene que haber una semilla de servicio público.
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