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Entrevista a Juan López Martínez. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada
Juan López Martínez es doctor en Derecho y catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Autor de más de 10 monografías, entre las que destacan: ‘Derechos y garantías en los procedimientos tributarios’, ‘La información en poder de la Hacienda Pública: obtención y control’, ‘Actuaciones de la Inspección de los tributos’ o ‘Temas prácticos de Derecho Tributario’. Ha desempeñado, entre otros cargos el de secretario del Departamento de Derecho Financiero y Tributario, vicedecano de Infraestructuras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, miembro de la Comisión de Informes y Presupuestos de la UGR así como de la comisión redactora de los Estatutos de la Universidad y en la actualidad.
¿Es cierto que en las carreras universitarias denominadas de letras no existe la investigación al mismo nivel que en las de ciencias?
En absoluto. Antes al contrario, en la Facultad de Derecho existe un extraordinario plantel de investigadores, como se ha puesto de manifiesto en el censo de grupos de investigación y de proyectos nacionales y europeos que hemos confeccionado desde el equipo de gobierno del Centro. Pero sí es cierto que existe un déficit de transferencia de dicha investigación entre los grupos y los operadores jurídicos que pudieran beneficiarse de la misma. Como lo es que, en ocasiones, la propia estructura universitaria, consciente o inconscientemente, realiza una deriva de medios y servicios para los investigadores, que conocemos como “de batas blancas”, pero lo cierto es que no solo se investiga con batas blancas. De hecho, nuestras probetas son las bases de datos de jurisprudencia y legislación. En consecuencia, se debe profundizar en poner en valor el potencial investigador de aquellas otras ramas científicas, dentro de la propia Universidad y entre nuestros grupos y los agentes sociales para los que trabajamos.
¿Qué opinión le merece la colaboración, a efectos de formación entre la Facultad de Derecho y la empresa granadina?
Se trata de una cuestión íntimamente relacionada con la anterior. Soy un convencido de que la Universidad del siglo XXI ha de dar respuesta a los nuevos retos que hemos de afrontar y entre ellos, de forma destacada, desde la óptica de nuestro Centro, la de formar a cualificados profesionales en las distintas ramas del derecho. Y en este sentido estamos convencidos de que la enseñanza universitaria no puede realizarse al margen de la demandas de la sociedad a la que sirve y de que deben establecerse canales continuos de comunicación y, por qué no decirlo, de mutua formación, para cumplir con las funciones que tenemos asignadas.
¿Ha habido experiencias de formación en el sentido anteriormente indicado?
La experiencia, en cuanto a la formación, que hemos tenido en relación con las asignaturas del Practicum de la Licenciatura de Derecho, no ha podido ser más satisfactoria, aunque estas mismas consideraciones pueden valer para la transferencia de investigación a la que me refería anteriormente. Al cursar estas asignaturas, nuestros discentes entran en contacto con el ejercicio profesional en sus distintas facetas. Su puesta en funcionamiento y su desarrollo han sido uno de los grandes retos que hemos tenido que afrontar desde el equipo de Gobierno del Centro, y para este decano ha sido una de las grandes satisfacciones que ha podido experimentar, comprobando el alto grado de compromiso de las instituciones colaboradoras y la seriedad de nuestros discentes, lo que ha ocasionado que dicha experiencia sea una de las más enriquecedoras de su etapa formativa. La empresa no ha sido ni sigue siendo fácil, pero hemos tenido la más alta colaboración de las instituciones que conforma el tejido jurídico y socio económico de nuestra sociedad.
¿Afectará la nueva Ley de Acceso a la Profesión de Abogado al número de alumnos matriculados en la Facultad de Derecho?
Creo que en este aspecto la nueva Ley no debe tener un impacto significativo. De un lado, porque la licenciatura en Derecho -o el nuevo grado- no sólo forma para ser abogado, sino que las salidas profesionales para las que el título les capacita son mucho más variadas. En este sentido, probablemente la oferta de operador jurídico sea de las más completas entre las distintas licenciaturas que se ofrecen en las universidades. De otro lado, porque, en realidad, la nueva ley sólo viene a reglar lo que durante siglos ha ocurrido en la sociología del foro. Un licenciado en derecho complementaba su formación práctica a través de la fi gura del pasante, no siempre bien ponderada y, en ocasiones, tampoco bien utilizada.
¿Y en cuanto a los futuros abogados?
El futuro Postgrado que será necesario para ser abogado, nos presenta un instrumento de colaboración básico entre la Universidad y el Colegio de Abogados, para profundizar en la formación de los futuros letrados. Como todo instrumento dependerá de nuestra capacidad de articulación para ofrecer un Plan de Estudios y un profesorado acorde a las necesidades que la sociedad nos viene demandando. Pero soy optimista, puesto que contamos con una dilatada experiencia que nos va a permitir saber como tenemos que articularlo y también cómo no debemos afrontarlo. La esencia es la de ofrecer unos conocimientos con capacidades profesionalizantes, que redundarán en la calidad de los futuros abogados y procuradores de los tribunales.
¿Qué resultado está teniendo el nuevo Plan de Estudios de la Facultad de Derecho?
Una vez más, la voracidad de Saturno nos devora. Si se refiere al plan de estudios de 2000, que vino a sustituir el clásico de 1953, este curso académico sale la tercera promoción de egresados según sus directrices. A mi juicio, era un plan necesario, que se abordó desde nuestra Facultad con gran seriedad y responsabilidad. Permitía, al menos en la teoría, ofrecer al alumno unos conocimientos básicos a través de las asignaturas troncales, a la vez que podían comenzar en su especialización, a través del diseño de su propio currículo, con las asignaturas optativas y las de libre configuración. Fomentando, de esta forma, la propia corresponsabilidad del discente a la hora de articular su propia formación. Lo anterior presenta sus aspectos positivos y, todos conocemos, también algunos que no lo son tanto.
¿Qué va a suponer el espacio Europeo de Educación Superior?
El Espacio Europeo de Educación Superior, que será una realidad en corto espacio de tiempo, va a suponer, posiblemente, una de las transformaciones más importantes de la enseñanza universitaria en los últimos tiempos, y conllevará las pertinentes modificaciones de los planes de estudios de grados y postgrados. Aunque en realidad, si bien pensamos, profundiza en la idea iniciada con el plan 2000 de fomentar la autoformación, la especialización profesional, la movilidad, y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Hemos de ser capaces de adaptarnos a esta nueva mentalidad y ser conscientes de la necesidad de superar nuestras propias contradicciones, puestas de manifiesto en el hecho de que en un ámbito cada vez más globalizado, la formación universitaria sigue siendo una competencia fundamentalmente nacional -y cada vez menos- , y, sin embargo, los retos del sistema vienen definidos en términos europeos y mundiales. Debemos enfrentarnos a esta teórica contradicción en el nuevo diseño de los Grados y Postgrados universitarios, superando las miradas localistas, siendo conscientes de nuestras carencias, pero también sintiéndonos legítimamente orgullosos de nuestras potencialidades.
Aparte de decano de la Facultad de Derecho usted es también profesor, en concreto Catedrático de Derecho Financiero y Tributario ¿entiende que el mejor asesoramiento es el preventivo?
Sin la más mínima duda. Cualquier especialista en el ámbito jurídico sabe que la mejor solución a los conflictos es la prevención. El asesoramiento previo para realizar cualquier operación jurídica y mercantil es esencial para asegurar el correcto funcionamiento de cualquier empresa humana. Ustedes, como profesionales lo conocen -y lo sufren- en el día a día. El famoso brocárdico de que “el mejor pleito es no tenerlo” esconde una verdad funcional que debería enfocarse desde el asesoramiento previo. La propia salud del tejido socio-económico de cualquier ámbito geográfico, creo que se puede medir en estos parámetros. Y quizás en el nuestro -me refiero al propio tejido granadino- habría que incidir de forma destacada en esta línea de actuación. Afortunadamente se va avanzando, pero quizás no al ritmo que los propios parámetros socio-económicos nos vienen demandando.
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