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Entrevista a Juan Bravo, Consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía
Juan Bravo Baena (Palma de Mallorca, 1974) ha sido diputado del Grupo Popular en el Congreso por Ceuta desde diciembre de 2015 hasta su nombramiento, en febrero de 2019, como Consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía. Destaca por ser un experto en derecho tributario y en la lucha contra el fraude fiscal.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén, posteriormente superó la oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, trabajando desde el año 2001 en distintos departamentos de la Agencia Tributaria como técnico en la Unidad de Inspección y Delitos contra la Hacienda Pública, adjunto a la dependencia de Recaudación de Córdoba y delegado de la Agencia Tributaria en Ceuta, ciudad en la que ocupó el cargo de Delegado del Ministerio de Hacienda.
Andalucía ha obtenido una mayor recaudación aplicando una bajada de impuestos, ¿cuál cree que es el motivo por el que el resto de comunidades no lo adoptan?
La política fiscal en la que nosotros creemos y que es la que estamos aplicando en Andalucía tiene un objetivo muy concreto: generar actividad económica y puestos de trabajo; es una fiscalidad para el empleo, que lo que persigue es convertir nuestra tierra en un territorio atractivo para la inversión y que quien decide venir aquí no se sienta agraviado fiscalmente. Hemos conseguido cambiar esa situación y situar a Andalucía entre el conjunto de comunidades más competitivas en este sentido; ya ha dejado de ser un infierno fiscal.
Y debo señalar que esta política está dando resultados positivos en términos de recaudación. Así, hemos cerrado el ejercicio 2021 con un incremento del 4,7% en la recaudación de los tributos cedidos de gestión propia, que ha alcanzado una cuantía de 2.148,1 millones de euros frente a los 2.051,35 millones contabilizados en 2018. Hablamos de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), Patrimonio, y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). Ha mejorado la recaudación no ‘a pesar de’ bajar impuestos, sino ‘gracias a’ bajarlos.
Esto no es de izquierdas ni de derechas. Solo hay que ver cuáles son las medidas que han adoptado países vecinos como Portugal y que se han extendido por el resto de Europa. De hecho, todos han ido en la dirección de bajar impuestos: además de Portugal, Francia, Italia, Alemania, Grecia… No es momento de subir impuestos, algo que ya reconoce hasta el propio Gobierno central, que ya ha señalado que tiene que aplazar la decisión que tenía prevista, sino de todo lo contrario: reducir las cargas impositivas en el coste de la energía y de los carburantes, máxime con las tasas de inflación actuales.
De todas maneras, es importante resaltar que no se trata solo de bajar impuestos. Si fuera así de fácil, como bien señala, todos lo harían. La política fiscal tiene que ir acompañada de otras actuaciones como la simplificación administrativa, la reducción de trabas burocráticas y la agilización de los proyectos de inversión. En esta línea venimos trabajando. Ya hemos aprobado tres decretos de simplificación y hemos creado la Unidad Aceleradora de Proyectos para impulsar las inversiones más estratégicas para Andalucía en términos de inversión y, sobre todo, de creación de empleo.
Con independencia del signo político del Gobierno, como pudiera ser el ejemplo de Portugal, Bélgica, Alemania, Francia, ¿se ha demostrado que, en materia económica, los gestores han tomado mejores decisiones que los políticos?
Es la hora de los buenos gestores, de los que quieren estar arriba y no abajo. La gestión por encima de ideologías a la hora de tomar decisiones.
En relación con las duplicidades en la prestación de servicios por las distintas administraciones (estatal, autonómica, local, diputaciones, etc.), ¿cree factible el encargo de un informe a un experto independiente en el que se establezcan medidas de eficiencia administrativa?
Venimos defendiendo que el primer PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) que debería haberse planteado en España es el de la Administración pública para hacerla más eficiente y para enfocar los recursos adonde realmente deben ir, que es a atender las necesidades de los ciudadanos. Según un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el margen de ahorro que tiene el conjunto de las administraciones públicas es de 60.000 millones de euros si se implementan políticas de eficiencia en el gasto público y de eliminación del gasto superfluo y no productivo. Imagine todo lo que podríamos hacer con esos recursos en sanidad, educación y políticas sociales.
Creemos en la transformación digital, en aplicar en la Administración toda la tecnología disponible con la finalidad de ganar en eficacia y acortar los tiempos de respuesta al ciudadano. La relación con ellos ha cambiado, y la administración debe adaptarse a los tiempos. Desde Andalucía tratamos de aplicar esa premisa. Por ello, hemos creado la Agencia Digital de Andalucía (ADA), que unifica todos los servicios digitales de la Junta que nos encontramos dispersos por cada Consejería cuando llegamos para ganar en eficiencia y sinergias. Tenemos muchos desafíos por delante: en materia de ciberseguridad, de reducción de papel, de digitalización… pero también hemos avanzado como le digo con la creación de ADA, con la implementación de una Plataforma de contratación electrónica, que además garantiza la transparencia de los procedimientos… Vamos en la senda correcta que, junto a la transición energética, nos ha marcado Europa.
¿Cree que la tendencia en el aumento de las bonificaciones o incluso, exención de los impuestos que gravan las transmisiones entre familiares, ya sea por actos inter vivos o mortis causa, es permanente? ¿Ha venido para quedarse o en cuanto se cambie el Gobierno volverá a subir?
En Andalucía prácticamente ha desaparecido el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los Grupos I y II, de familiares directos, y hemos reducido las tarifas y los coeficientes multiplicadores para los Grupos III y IV. Así, por ejemplo, en estos grupos la combinación de tarifa y coeficientes no supera el tipo marginal del 45%, ya que hasta que lo bajamos podía elevarse por encima del 70%, lo que lo convertía en un gravamen confiscatorio.
Hemos mejorado la reducción de la base imponible por la adquisición mortis causa de vivienda habitual, con un porcentaje fijo de reducción del 99% independientemente del valor del inmueble, así como para personas con parentesco de Grupo III y para personas con discapacidad y se mejora la reducción por donación de dinero a descendientes para la adquisición de la vivienda habitual, entre otras medidas.
Hemos sacado a Andalucía del grupo de comunidades donde más impuestos se pagaban para situarla en la media de las comunidades autónomas para convertirla en una región atractiva. De hecho, según el último informe de la Tax Foundation, Andalucía ha entrado en el top 5 de comunidades más competitivas desde un punto de vista fiscal. Y eso antes de que aprobásemos la tercera rebaja de impuestos recogida en la Ley de Tributos Cedidos de Andalucía, en vigor desde el pasado 1 de enero, lo que nos situará presumiblemente entre las tres primeras.
Ante el aumento de los costes de la producción, en particular, los derivados del petróleo y energía en general, ¿prevé el Gobierno de Andalucía tomar medidas concretas?
Desde la Junta de Andalucía estamos ultimando la puesta en marcha de un paquete de cinco medidas para preservar la competitividad de la industria andaluza ante la crisis internacional de materiales primas y suministros. Entre esas actuaciones se encuentra la activación de un instrumento financiero para dar respuesta a las tensiones de liquidez del sector industrial y, para ello, la Junta avalará préstamos por importe de 15 millones de euros, medida con la que pretendemos llegar a unas 600 pymes y autónomos.
Además, daremos prioridad a la tramitación administrativa de los proyectos de autosuficiencia energética con un mayor impacto en la industria para que no estén tan expuestos a estos vaivenes impulsando el uso de fuentes renovables y el autoconsumo, agilizándolos a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos.
¿Qué apoyo específico se va a dar por la Junta de Andalucía al proyecto IFNIF-DONES?
El Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha concedido 14,46 millones a la Universidad de Granada para sufragar actuaciones relacionadas con el IFMIF-DONES. Con esa financiación, el Ejecutivo autonómico refuerza su compromiso con dicha infraestructura científica internacional que puede atraer unos retornos sociales, científicos, tecnológicos e industriales muy significativos a Andalucía.
Para el emprendimiento profesional y empresarial, ¿qué medidas reales se pueden tomar en materia de burocracia, como pudiera ser los decretos de simplificación?
En Andalucía, somos plenos defensores de poner una alfombra roja al inversor y al empresario que quiere invertir y generar actividad y empleo en nuestra tierra. La simplificación es una de nuestras obsesiones. Lo que no puede volver a suceder es lo que nos encontramos al llegar: proyectos de inversión paralizados, metidos en un cajón, acumulando retrasos de meses e incluso años ante la lógica desesperación de sus promotores. Nuestra premisa es dar certidumbre y confianza, cumplir lo que prometemos. En ese sentido, en los algo más de tres años que llevamos de legislatura hemos aprobado tres decretos de simplificación, agrupados en un Plan para la Mejora de la Regulación Económica, y estamos trabajando en otro más.
Este instrumento, cuya implantación se extiende hasta 2024, conlleva reformar más de un centenar de normas, entre leyes y decretos, y simplificar en torno a 150 procedimientos administrativos implicados en la regulación económica.
¿Con qué objetivos? Facilitar la actividad de empresas y emprendedores, mediante la reducción de trámites y requisitos desproporcionados, e impulsar un cambio en la cultura de la Administración que la haga más ágil y accesible. Este Plan se articula a través de tres decretos-leyes ya aprobados. Y ya le avanzo que en este 2022 habrá otro más.
El Gobierno andaluz ha emprendido un ejercicio de evaluación para conocer cuántos trámites autonómicos tienen que realizar los agentes económicos para iniciar y desarrollar su actividad. ¿Sabe cuántos? Un total de 468 procedimientos que, al finalizar el plan en 2024, se habrán simplificado en torno a un 30%, lo que equivale a unos 150.
¿Qué espera de los fondos europeos? ¿Cree que los fondos Next Generation van a ser el asidero más importante para asegurar liquidez en esta crisis?
Sin duda, el mayor desafío al que nos vamos a enfrentar las administraciones públicas en los próximos años es la gestión y ejecución de los recursos europeos. Los casi 70.000 millones de los fondos Next Generation son una enorme oportunidad histórica que da Europa para la transformación de las empresas, no olvidemos que no son recursos que le da a ningún gobierno. Sin embargo, se está yendo a una velocidad muy lenta; el último dato publicado por el Gobierno central, a fecha de agosto pasado, señalaba que solo había ejecutado 104 millones de más de 20.000 millones presupuestados.
Además, seguimos reclamándole una cogobernanza real y que se tengan en cuenta, como también piden los empresarios, las necesidades particulares de cada comunidad autónoma. Queremos formar parte de la toma de decisión, no ser meros medios propios del Estado, ejecutores de las ayudas.
¿Cómo se preparan para la ingente tarea de fiscalización de las ayudas concedidas al sector privado?
Desde el Gobierno andaluz, además, hemos aprobado un decreto-ley que recoge medidas de agilización administrativa y racionalización de recursos para el impulso de la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma y que afectará a los fondos Next Generation y al marco financiero plurianual para 2014-2020 (que se extiende hasta 2023).
Sus principales objetivos son simplificar la normativa para lograr la tramitación urgente y prioritaria de estas actuaciones, agilizar en la medida de lo posible los procedimientos de programación, presupuestación, gestión, ejecución y control de las iniciativas, y optimizar y racionalizar al máximo los recursos de la Administración para aumentar su eficacia.
Decíamos antes que en los próximos años las administraciones públicas españolas van a tener el reto de gestionar además de los recursos ordinarios y los del nuevo marco financiero europeo 2021-2027, los cerca de 70.000 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y lo tendrán que hacer en un plazo de poco más de 5 años, invirtiendo en transformación económica. Hay que invertir cada euro disponible y hacerlo bien, y aquí la labor de la Intervención General de la Junta de Andalucía para realizar un control eficaz y eficiente es transcendental. Por ello, creamos la Dirección General de Contratación, encargada de esta función de impulso, seguimiento y control de los contratos que se financien con estos fondos.
Tenemos que ser ambiciosos, avanzar hacia un modelo de control apoyado por la inteligencia artificial y la digitalización. En este sentido, las labores de fiscalización de la Intervención General de la Junta de Andalucía deben adaptarse a la realidad actual, con objeto de contribuir a una gestión de los recursos públicos más rigurosa y a la mejora de los procedimientos de la gestión económico-financiera, patrimonial y presupuestaria. De hecho, está trabajando en definir y revisar los procesos automatizados para conseguir sistemas de gestión ágiles y con criterios uniformes.
Para terminar, una pregunta algo personal, ¿sigue practicando el fútbol sala?
No tanto como me gustaría. Hace unos días tuve la suerte de participar en un partido entre leyendas de la Selección Española y antiguos jugadores andaluces, y fue fantástico recordar, durante un rato, mis viejos tiempos sobre la pista y en los vestuarios, reencontrándote con muy buenos amigos. Y encima en Jaén, la casa del equipo que me dio la oportunidad de jugar al fútbol sala al máximo nivel. Eso sí, jugué apenas unos minutos. Uno ya no tiene el cuerpo que tenía hace 20 años…