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Entrevista a José Manuel López y García de la Serrana. Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
Nació en Baza (Granada) en 1950. Ingresó por oposición en la Carrera judicial en 1975, siendo su primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Manresa, trasladándose a los pocos meses al de Villacarrillo (Jaén), en el que estuvo hasta 1981, fecha en la que ascendió a magistrado de lo social, ejerciendo como tal en los juzgados de Huesca (1981) y Jerez de la Frontera (1982-91). En 1991 fue nombrado Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), puesto en el que estuvo quince años, hasta su nombramiento en el año 2006 como Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, cargo que ejerce en la actualidad. Está en posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort de Primera Clase y ha participado en numerosas conferencias sobre temas jurídico-laborales, así como en la elaboración de innumerables artículos y diversas monografías. Es el Vicepresidente Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), principal asociación de magistrados y jueces.
¿Difícil no dedicarse al Derecho en una familia como la suya?
Nací en un Juzgado, pues entonces mi padre era el Juez de Baza y mis primeros años vivía en el propio Juzgado. Eso me marcó y me predestinó al igual que a mis hermanos, pues de siete que éramos, seis estudiamos Derecho, continuando dos de ellos la carrera judicial, uno la de fiscal, dos la de abogado y la última, tristemente fallecida hace pocos años, la de procuradora. La oveja negra -por lo de no estudiar Derecho-, es catedrática de nutrición en la facultad de Farmacia de Granada.
¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?
El mayor estímulo de la función judicial es que se ejercita con absoluta independencia, pues ninguna autoridad o persona alguna, ya sea o no de la carrera judicial, puede dirigirte orden o instrucción de ningún tipo respecto del caso a enjuiciar, estando sometido únicamente al imperio de la Ley y a la responsabilidad civil, penal y disciplinaria.
¿Qué características cree usted que se han de tener para ser un buen juez?
Para ser un buen juez se exige un profundo conocimiento de la ciencia jurídica y de las personas. La responsabilidad se funde con la sensibilidad, siendo la independencia de criterio y la valoración fundada definitiva y necesaria. Por ello, es necesaria la exigencia de un alto nivel de conocimientos técnicos, jurídicos-procesales, añadiéndose otras competencias intelectuales, consistentes básicamente en razonamiento verbal, analítico y sintético con suficiente integridad, equilibrio, ponderación, flexibilidad y capacidad de aprendizaje permanente. Pero sobre todo para ser un buen juez, lo que hace falta es sentido común.
¿Cuáles son los mayores obstáculos que encuentra un juez en su ejercicio profesional?
El alto volumen de trabajo comporta un grave obstáculo para la necesaria celeridad en los señalamientos de juicios y su resolución. Por ejemplo, un Juzgado de lo Social está preparado para un número de entradas que no superen los 850 asuntos al año; a partir de dicho número ineludiblemente se dilatan los plazos de respuesta judicial.
¿Qué le parece la reforma laboral diseñada por el Gobierno?
Lo cierto es que no ha contentado ni deja indiferente a nadie porque se tocan temas muy complejos. El gran problema ha sido su tardanza y que se centra más en prevenir la destrucción de empleo que en crearlo. Una vez puesta encima de la mesa, el contenido de la reforma resulta insuficiente porque lo que realmente crea empleo, y no se ha avanzado nada en este sentido, es la flexibilidad interna en las empresas. Es imprescindible que la Ley no ponga obstáculos al empresario para poder flexibilizar las relaciones laborales como alternativa al despido. Un empresario debe poder realizar nuevos contratos indefinidos sin percibirlos como un lastre, como ocurre hoy, a diferencia del contrato temporal, un activo que se sigue vendiendo bien. Esta cultura es la que hay que cambiar. Y no se conseguirá si no se dan al empresario elementos de flexibilidad laboral. Que el despido sea más caro o más barato importa menos. El empresario se va a animar a contratar si tiene esta flexibilidad y el entorno económico acompaña.
Son muchos los que reclaman un contrato único con despido creciente para animar la contratación, ¿qué opinión le merece?
La reforma laboral reducirá un poco más la brecha entre contratos temporales e indefinidos. El contrato temporal se ha penalizado y se ha incentivado el contrato indefinido con una rebaja del coste por despido. La única fórmula de animar la contratación es que se ponga en marcha un contrato único con mayor flexibilidad. Si se consiguiera llegar a la vía del contrato único, como ya ocurre en otros países europeos –aunque siempre tenga que haber algunos temporales como el de interinidad, formación, etc-, los empresarios se animarían a contratar si se simplifica el tipo de contrato y se clarifican las causas de su extinción.
Las mayores críticas recibidas por la nueva reforma están prácticamente centradas en las facilidades que introduce la norma en el despido económico procedente ¿Qué opina al respecto?
La reforma está pensada a futuro, para los nuevos contratos. A los trabajadores actuales no se les tocan los derechos económicos, aunque sí, es verdad, que se han suavizado o flexibilizado las causas de despido objetivo. Quizá los trabajadores en activo sí pueden estar afectados por la reforma, aunque dependerá de las interpretaciones que de la ley hagan los tribunales. Como ha ocurrido con todas las reformas que se han puesto en marcha, se necesita un periodo de tiempo de aplicación para comprobar si se logran los objetivos perseguidos.
¿Cree que la reforma laboral aportará dosis adicionales de confianza y credibilidad, lo que tanto necesita la economía española?
Parece que hemos superado el examen. Al menos se ha hecho una reforma, algo que ya en sí es positivo, aunque hay que atender a la letra pequeña. De cara a Europa se ha dado un primer paso y ha sido muy bien aceptado.
¿Qué le parece que el Gobierno subvencione ocho días de despido a las empresas?
Ésta va a ser una aplicación de la reforma muy limitada; tiene su truco. La reforma laboral nos dice que los ocho días que paga el FOGASA lo hará, primero, para los nuevos contratos que se realicen a partir de la entrada en vigor de la norma —no para los antiguos— y para aquellos contratos indefinidos que duren más de un año. Es decir, que si yo realizo un contrato ahora mismo, como la ley me exige que el FOGASA empiece a pagar cuando el contrato dure más de un año, el fondo asumirá ese coste a partir de octubre de 2011. Además va a ser una medida transitoria porque a partir del 1 de enero de 2012 va a entrar en vigor el modelo austriaco que sustituirá al pago del FOGASA, por lo que este fondo sólo va a asumir durante pocos meses el coste del despido, salvo que no se desarrolle la medida prevista para el año 2012.
¿Es partidario de abaratar más el coste de los despidos en España?
Pienso que hay que proteger el puesto de trabajo; hay que prestar más atención a los mecanismos que propicien que un trabajador que es despedido, que reciba una indemnización mayor o menor, pueda recolocarse rápidamente. Es imprescindible fomentar la contratación porque lo que quiere un trabajador si es despedido no es cobrar una gran cantidad de dinero por su despido, sino volver a trabajar. Que tenga un contrato bueno y que pueda ser contratado de forma rápida y que los servicios públicos de empleo, ahora también las agencias privadas de colocación, le ayuden a encontrar trabajo rápido, eso es lo esencial. La referencia de un modelo de búsqueda de empleo que funciona es el danés; no es sólo un modelo de pago, además es un sistema de acompañamiento, de reciclaje y de formación.
Al margen de la reforma laboral, ¿qué más debería hacer el Gobierno para favorecer la creación de puestos de trabajo?
Crear un entorno económico propicio porque muchas pequeñas y medianas empresas no se atreven a contratar hasta no ver que la situación económica es más estable y segura. Hacen falta más reformas estructurales, entre ellas la fiscal, rebaja de cotizaciones y menos costes empresariales.
Siempre se ha hablado que nuestro modelo de relaciones laborales es muy intervencionista, como el de Grecia u Holanda, en el caso de la necesidad de autorización para los despidos colectivos del artículo 51 del Estatuto Trabajadores, ¿cambia mucho con esta reforma?
Creo que este concepto va a ir cambiando de forma progresiva. Ahora los empresarios podrán hacer el despido objetivo y el de expediente de regulación de empleo en más supuestos y con mayor flexibilidad. Ya no hace falta que la empresa esté a punto de quebrar para adoptar estas medidas, también se habla ahora de ser competitivo, con lo que se abre bastante el abanico de posibilidades. De todas formas el papel de los sindicatos como representantes de los trabajadores y el de la Administración sigue siendo el mismo, el de participar en estos procesos de extinción. Esto es debido a que ahora con el interés personal del profesional que se verá afectado hay otro interés general.
Con tantos cambios normativos, ¿no sería bueno aprovechar esta coyuntura y modificar el vigente Estatuto de los Trabajadores?
Realmente la Ley implica modificaciones sustanciales de diferentes artículos del propio Estatuto. En esencia, la parte reformada tiene que ver con la extinción del contrato. No se toca una parte que es imprescindible adaptar para ser competitivos y para ponernos a la altura de un mercado laboral moderno, como es el caso de la negociación colectiva. Pero esto es una decisión política. Sería conveniente lograr este acuerdo para que la posterior reforma del Estatuto nos valiera para los próximos quince años. Esta reforma que se ha hecho adolece de ser global y conjunta.
¿A qué más puede aspirar un magistrado tras llegar al Tribunal Supremo?
A nada. Bueno, a realizar un buen trabajo en el desempeño de su cargo.
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