Reclamación del “Céntimo sanitario” de períodos prescritos

Circular nº 3 de 2015

Autor: Vanessa Fernández Ferre

Posibilidad de acudir a la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador para recuperar las cantidades ingresadas en concepto de céntimo sanitario correspondientes a períodos prescritos:

Desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara en Sentencia de 27 de febrero de 2014 que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), llamado céntimo sanitario, vulneraba la legislación comunitaria, y en concreto la Directiva comunitaria sobre los Impuestos Especiales, han sido muchas las devoluciones de ingresos indebidos que se han venido solicitando a la Agencia Tributaria.

Como quiera que sólo han podido solicitarse las devoluciones de las cantidades ingresadas por tal concepto en los períodos posteriores al 1 de enero de 2010, dado que los pagos realizados con anterioridad al año 2010 se encuentran prescritos por el transcurso del plazo legal de cuatro años previsto en la Ley General Tributaria, persisten importantes cantidades de dinero ingresadas en concepto de IVMDH que no resultan a priori recuperables.

Sin embargo, con independencia de la vía del procedimiento de devolución de ingresos indebidos, se erige la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración (Estado-legislador), con base en la cual resulta posible instar la reclamación de lo pagado en períodos anteriores al año 2010.

De conformidad con lo declarado por el Tribunal Supremo en materia de responsabilidad patrimonial del legislador (Estado) por incorrecta trasposición del ordenamiento comunitario, cabe la posibilidad de solicitar una indemnización equivalente al Impuesto pagado más los intereses devengados incluso en relación con los ejercicios en los que el derecho a pedir la devolución hubiese prescrito.

En particular, es posible defender que los contribuyentes que ingresaron las cuotas de este tributo tienen derecho a esta indemnización por cuanto se cumplen tres requisitos que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas viene exigiendo en estos casos: la norma jurídica vulnerada tiene por objeto conferir derechos a los particulares; la violación se halla suficientemente caracterizada, lo que se traduce en que existe una inobservancia manifiesta y grave por parte del Estado de los límites impuestos a su facultad de apreciación y, por último, puede apreciarse una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido    por    quienes   han   sido   perjudicados.

Un  dato importante es que esta acción de responsabilidad patrimonial debe ejercitarse en el plazo de un año desde la publicación de la Sentencia del TJUE en el Diario Oficial de la UE, es decir, antes del 27 de febrero de 2015.

 En definitiva, para el supuesto de las reclamaciones por la Sentencia del TJUE que declaró el llamado céntimo sanitario contrario al derecho de la Unión, los perjudicados que puedan acreditar haber soportado el impuesto con facturas, pueden solicitar la reparación del daño incluso por ejercicios prescritos y sin necesidad de haber recurrido previamente el acto de liquidación y, lo que es más importante, sin limitación temporal alguna.

• Posibilidades de éxito de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador:

Aunque la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha adelantado que no considera procedente la devolución de las cantidades de períodos prescritos por esta vía de reparación de los daños y perjuicios causados, lo que supondrá probablemente una desestimación por parte de la Administración, las posibilidades de éxito en los subsiguientes recursos contencioso-administrativos son muy altas.

No sólo la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sino también la última corriente jurisprudencial mantenida por nuestro Tribunal Supremo, que se vio obligado a cambiar el sentido de sus pronunciamientos como consecuencia de una sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010, no exige para que prospere esta acción de responsabilidad patrimonial que el particular no hubiese consentido el acto de aplicación de la norma declarada contraria a derecho. Es decir, no es necesario que se hubieran impugnado las liquidaciones.

En segundo lugar, la propia jurisprudencia del TS sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por normas contrarias al Ordenamientos rechaza la aplicación de los plazos de prescripción y admite que los mismos se inicien desde que se publica la sentencia que declara la inconstitucionalidad o, en este caso, la falta de conformidad a derecho comunitario de la Ley.

Por lo tanto, las reclamaciones que se insten por este cauce extraordinario de la responsabilidad patrimonial del Estado-legislador tienen considerables posibilidades de ser estimadas, si no en vía administrativa, sí en vía judicial.

• Procedimiento a seguir:

En primer lugar, si se opta por solicitar ser resarcido de los daños y perjuicios causados ejercitando la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-legislador ha de hacerse antes  del  27  de  febrero  de 2015, fecha en que cumple el plazo de un año desde la publicación de la Sentencia del TJUE en  el  Diario  Oficial de la UE.

Esta acción habrá de ejercitarse en primera instancia, y por los perjudicados que puedan acreditar haber soportado el impuesto con facturas y, si es posible con un certificado del vendedor que acredite que la reclamante no adeuda cantidad alguna por esas facturas, ante la Administración del Estado.

En el supuesto de que la Administración no resuelva favorablemente estas reclamaciones acogiéndose a la aplicación de los plazos de prescripción establecidos en nuestra legislación por razones de seguridad jurídica o de que exista silencio administrativo, será necesario acudir a la vía judicial contencioso-administrativa, estando exentos de tasas aquellos recursos que se interpongan contra desestimaciones presuntas por el transcurso de seis meses sin haberse dictado resolución administrativa expresa.

Los recursos judiciales que se interpongan contra las posibles desestimaciones administrativas deben, en cumplimiento de la jurisprudencia emanada tanto por el TJUE como por el TS, prosperar, lo que implicará la obtención de la devolución de las cantidades ingresadas en su día en concepto de céntimo sanitario y los intereses devengados.

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