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“¿Qué ha cambiado?”
El Impuesto sobre el Patrimonio no consigue la equidad planteada al gravar patrimonios que, en la gran mayoría de los casos, lo han sido con anterioridad, ni alcanza la redistribución de riqueza como uno de los objetivos planteados.
En el número 8 de esta Gaceta Jurídica, allá por julio de 2007, escribía una editorial llamada EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO, UN TRIBUTO A EXTINGUIR, en la que exponía que tras las últimas reformas fiscales, el siguiente tributo a suprimir era el Impuesto sobre el Patrimonio, tal como ocurrió casi un año después, en abril de 2008, cuando Pedro Solbes, anunciaba como medidas “estrella” la deducción de 400 euros en el IRPF, así como la supresión del Impuesto del Patrimonio con efectos de 1 de Enero de 2008, lo que según el haría ahorrar, a alrededor de un millón de contribuyentes, la suma 1.800 millones de euros.
Decía el ministro Solbes, que ese ano sería el último en el que se presentara la declaración de este tributo y que con ello se cumplía una promesa más de su partido, dado que la eliminación de este impuesto estaba recogido en el programa del PSOE, en base a la falta tanto de eficiencia como de equidad del mismo, pues un impuesto que inventiva a situar capitales en el exterior o a constituir sociedades para evitar una presión fiscal excesiva, no puede ser considerado eficiente.
Asimismo decía el ministro Solbes para justificar su supresión, que el Impuesto sobre el Patrimonio no consigue la equidad planteada al gravar patrimonios que, en la gran mayoría de los casos, lo han sido con anterioridad, ni alcanza la redistribución de riqueza como uno de los objetivos planteados. En el momento actual de nuestra economía, nos preguntamos: .Que ha cambiado para entender que ahora si va a tener eficiencia y equidad dicho impuesto? .Ahora vuelve a tener sentido gravar el mero hecho de que alguien sea propietario de activos, aunque no le reporten rendimiento alguno?
Está claro que el ministro Solbes no acertó en su vaticinio, pues parece que nada va a impedir el paso atrás que está a punto de darse, y la única esperanza que nos queda son las CCAA, pues como el impuesto se encuentra cedido a las mismas, la posible solución al respecto sería que algunas procedieran a rebajarlo de forma unilateral y que la competencia fiscal obligara a las demás a hacer algo similar.
Tal vez no sea la opción más favorable, pero sin duda es la única posibilidad para evitar este disparate, aunque desde luego no es muy factible que esto ocurra, pues no están en este momento las CCAA como para rechazar ingresos.